La iniciativa aprobada por PP y PSOE para regularizar a 700.000 inmigrantes ilegales les permitirá traer a sus hijos y parejas
El desbloqueo de la ley para regularizar a 700.000 inmigrantes ilegales gracias al sí de todos los partidos a excepción de VOX en el Congreso de los Diputados provocará un efecto llamada sin precedentes. A los cientos de subsaharianos y magrebíes que acceden a diario en España a través de cayucos y aviones, se sumarán los nuevos derechos de los que que pasarán a ser «legales».
Según el Ministerio de Inclusión del Gobierno de España, la normativa especifica que las personas extranjeras residentes legalmente en España tienen derecho a traer a los siguientes familiares: los hijos del extranjero residente y del cónyuge o pareja, incluidos los adoptados (siempre que la adopción produzca efectos en España), el cónyuge o la persona con la que el reagrupante mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal, otros menores o incapaces extranjeros, los ascendientes del extranjero residente, de su cónyuge o pareja de hecho.
Además de esos requisitos, para poder solicitar la autorización de residencia de larga duración es necesario que quienes recaen en España no sean ciudadanos de un Estado de la Unión Europea, no tengan prohibida la entrada a España, disponer de medios económicos suficientes y disponer de vivienda adecuada.
Mientras tanto, la Mesa del Congreso desbloqueó el pasado martes 24 de septiembre la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular a más de medio millón de inmigrantes ilegales residentes en España. El siguiente paso será debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, lo que se calcula para la segunda quincena de este mes de octubre.
«Intentaremos que sea lo más pronto posible por las personas afectadas que son muchas en esta cuestión», aseguró Àgueda Micó (diputada de Compromís) en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
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para demostrar «una diplomacia valiente que puede romper décadas de intransigencia»
Picardo apela a la afinidad socialista de Gibraltar, España y Reino Unido para un acuerdo "lo antes posible"
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha apelado a la afinidad socialista de los gobiernos de Gibraltar, España y Reino Unido para cerrar un acuerdo con la Unión Europea «lo antes posible», demostrando que «las personas serias» pueden hacer «un trabajo duro y una diplomacia valiente» para romper con «siglos de desconfianza».
En su intervención en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, especializada en la política especial y la descolonización, Picardo ha vuelto a reivindicar que cualquier solución para Gibraltar debe «respetar» la posición de los gibraltareños sobre la soberanía, la jurisdicción y el control. Así, ha sostenido que todas las partes implicadas en la negociaciones sobre Gibraltar están «trabajando bien juntos» y buscan una zona de «prosperidad compartida» que aporte beneficios económicos mutuos.
El ministro principal ha explicado que, tras la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hay «una oportunidad de demostrar cómo podemos resolver los problemas de la gente, no agravarlos».
Asimismo, ha denunciado que es «indudablemente embarazoso» para el actual Gobierno tener que basarse en resoluciones obtenidas en la ONU durante el franquismo, animando así a demostrar que «las personas serias, el trabajo duro y una diplomacia valiente pueden romper décadas de intransigencia y siglos de desconfianza».
En este sentido, Picardo afirma que las «soluciones equilibradas, imaginativas y neutrales» son necesarias para pensar «en el interés superior de todos los habitantes de Gibraltar y de la región» y respetar «los sistemas y la seguridad del espacio Schengen y la integridad del Mercado Único«. Además, ha zanjado que «corresponde a las autoridades españolas, como parte del equipo negociador de la UE, decidir si quieren aceptar esas soluciones que nos ayudarán a todos a alcanzar los acuerdos definitivos que deseamos».
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según las investigaciones polacas
Pablo González siguió a Navalny y envió información de las clínicas en que lo trataban al Kremlin
Pablo González ha sido acusado por las autoridades polacas de haber trabajado como espía para Rusia durante casi diez años. Se le vincula con la recopilación de información clave sobre figuras de la oposición rusa, como Alexei Navalny, y de opositores bielorrusos. Además, se le acusa de haber entregado fotos y contraseñas wifi de lugares donde se reunían activistas en el exilio, facilitando el acceso a sus dispositivos para posibles ciberataques. Los informes que González habría enviado a Moscú también abarcan temas como las aspiraciones de nuevos miembros de la OTAN y la seguridad de los países vecinos de Rusia, asuntos que siempre han sido de gran interés para el Kremlin.
Así lo asegura la exclusiva que publica este domingo El Mundo, que incluye una serie de documentos que detallan las actividades de espionaje de González, quien trabajaba como periodista independiente desde el estallido de la guerra en Ucrania. González fue encarcelado en Polonia bajo acusaciones de espionaje contra este país, y fue liberado en agosto tras un intercambio de prisioneros solicitado por Rusia, en lo que ha sido el mayor acuerdo de este tipo desde la Guerra Fría. La Fiscalía polaca mantiene activa una causa en su contra, basada en una extensa documentación compartida con los servicios de inteligencia españoles.
El expediente judicial polaco describe a González bajo el alias Pavel Rubtsov, un periodista y politólogo de origen ruso, casado y con cuatro hijos, que residía en España desde 1992, aunque mantenía la ciudadanía rusa. Según las autoridades polacas, desde 2016 habría sido formalmente miembro del servicio de inteligencia militar ruso, el GRU, transmitiendo información sensible sobre diversas temáticas. Se le acusa de haber proporcionado información sobre las clínicas en Barcelona y Lausana donde fue tratado Navalny, el principal opositor a Putin, tras sufrir diversos atentados.
Uno de los documentos en poder de González, fechado en junio de 2017, contenía direcciones de clínicas médicas que atendieron a Navalny, y las autoridades polacas han comprobado que el acusado se cruzó al menos en dos ocasiones con el opositor ruso en Europa. En uno de esos encuentros, ocurrido en Barcelona, González se hizo una selfie con Navalny, quien había viajado a la ciudad para someterse a una cirugía ocular. González no sólo recabó información sobre la clínica, sino que también la envió a Moscú. Posteriormente, publicó la fotografía en internet para reforzar la narrativa de que Navalny no era objetivo del gobierno ruso, sugiriendo que, si lo fuera, no se le facilitaría su pasaporte para viajar al extranjero.
En los años siguientes, Pablo González continuó publicando artículos que, según las autoridades polacas, estaban alineados con la propaganda oficial rusa. Entre 2016 y 2021, reportó a Moscú sobre los procesos de adhesión de antiguos Estados soviéticos a la OTAN, así como sobre la infraestructura de seguridad en Polonia. Además, mantuvo contacto con figuras clave de la oposición rusa en el extranjero, como Ilya Yashin y Vladimir Kara-Murza, y llegó a hacerse con archivos del correo electrónico del opositor Boris Nemtsov, asesinado en 2015.
El caso de Pablo González sigue en curso en Polonia, y las autoridades continúan evaluando la magnitud de su actividad como espía, así como el impacto de la información que pudo haber transmitido al servicio de inteligencia ruso durante sus años de actividad en Europa.
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Entre los productos españoles más vendidos a Marruecos destacan el aceite de soja
España registra un déficit de 986 millones en sus intercambios agroalimentarios y pesqueros con Marruecos
España cerró el año 2023 con un déficit de 986 millones de euros en su balanza comercial agroalimentaria y pesquera con Marruecos, lo que pone de relieve la relevancia económica y política de la relación bilateral. Marruecos se posiciona como el octavo proveedor más importante de productos alimenticios para España y ocupa el duodécimo lugar entre los destinos principales de exportación.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las importaciones españolas de alimentos y bebidas provenientes de Marruecos representaron un 3,9 % del total de las importaciones, mientras que las exportaciones españolas al país magrebí apenas alcanzaron el 1,6 % del total de sus ventas mundiales en 2023. A pesar de este desbalance, las exportaciones agroalimentarias españolas experimentaron un incremento anual del 8,3 %, sumando 1.155 millones de euros, mientras que las importaciones desde Marruecos crecieron solo un 1,3 %, alcanzando los 2.141 millones de euros.
Entre los productos españoles más vendidos a Marruecos destacan el aceite de soja, con un valor de 247,7 millones de euros, seguido de los animales vivos bovinos (113,9 millones), productos de panadería y pastelería (66,7 millones) y carne de ovino (46,5 millones). Además, España también exporta refrescos y productos del mar, aunque en este sector las importaciones tienen mayor peso en la balanza comercial.
Por otro lado, los productos que España más importa de Marruecos son los moluscos, que encabezan la lista con 683,6 millones de euros, seguidos de los frutos rojos (382,5 millones), legumbres (142,7 millones), hortalizas (120,8 millones), tomates (83,6 millones), y melones y sandías (66 millones).
El comercio hortofrutícola marroquí ha sido históricamente un tema sensible para el sector agrícola español, especialmente por los contingentes arancelarios preferenciales que Marruecos disfruta en la Unión Europea. Esta situación ha sido motivo de controversia, ya que las frutas y hortalizas marroquíes, como el tomate, compiten directamente con las producidas en regiones españolas como Andalucía, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana.
Además del acuerdo comercial, las relaciones en materia de pesca también son clave en la dinámica entre ambos países. Aunque el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha invalidado el protocolo pesquero que estaba suspendido, durante años ha sido un pilar fundamental para la flota española, especialmente en Andalucía, Canarias y Galicia, lo que resalta el valor político y económico de este convenio para el sector pesquero español.
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entre 350 y 380 ciudadanos son españoles
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