Fleitas describió el caso de Orsi como "indudablemente complejo", destacando dos factores principales. En primer lugar, señaló la presencia de una denunciante, quien es una víctima y está amparada por dos leyes promulgadas en 2018: la Ley de Violencia Basada en Género y la Ley Integral para Personas Trans. Estas legislaciones establecen un enfoque que requiere abordar la denuncia desde una perspectiva de género, lo que complica la investigación.
"Otro aspecto que complica la investigación es que el acusado es una figura pública que actualmente se encuentra inmersa en una intensa campaña política, lo que implica que también debe contar con garantías de que la investigación será exhaustiva y rigurosa", señaló.
Fleitas explicó que, según la ley de género, se presume la veracidad de la denuncia por parte de la víctima, pero al mismo tiempo se debe considerar que el acusado es una figura expuesta a la opinión pública y, por lo tanto, merece todas las garantías legales.
Aunque la denuncia se refiere a un presunto incidente ocurrido en 2014, antes de la existencia de las leyes mencionadas, la fiscal aseguró que, cuando se trata de proteger los derechos, la normativa se aplica retroactivamente.
Sin embargo, advirtió que si la denuncia resulta ser falsa, la denunciante podría enfrentar cargos por simulación de delito.
Cuando se le preguntó sobre la posible prescripción de los delitos denunciados, la fiscal explicó que si se considera que se trató de lesiones leves, el caso podría haber prescrito debido a que no se presentó la denuncia en el plazo correspondiente. Sin embargo, si se trata de lesiones graves, aún estaría dentro del plazo legal de diez años para presentar una denuncia. En cualquier caso, la determinación de si se trata de lesiones leves o graves debe ser realizada por un profesional médico
MSN
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